Ley española de inteligencia artificial: qué pasa ahora que ha caducado
El 6 de octubre de 2026 el BOE publicó el Real Decreto 806/2026, que disuelve el Congreso y el Senado y convoca elecciones generales para el 29 de noviembre. Ese mismo día caducó el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, el texto que iba a ser la ley española de inteligencia artificial. La ficha del Congreso lo recoge así: «Concluido – (Caducado)».
La consecuencia práctica es sencilla de explicar y algo más incómoda de gestionar. El Reglamento europeo de IA sigue obligando a las empresas igual que antes, pero España continúa sin la ley que debía decir quién vigila cada sistema y cómo se sanciona. En este artículo explico qué ha pasado, qué sigue aplicándose, qué queda en el aire y qué conviene hacer mientras tanto.
Qué ha pasado con la ley española de inteligencia artificial
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto el 26 de mayo de 2026, el Gobierno lo presentó en el Congreso el 28 de mayo y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes en junio. Pasó todo el verano en fase de enmiendas en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, con el plazo ampliado semana a semana, y no llegó a votarse.
Con la disolución, las iniciativas que no han terminado su tramitación caducan y no pasan a la siguiente legislatura. Para recuperar la ley, el próximo Gobierno tendrá que aprobar de nuevo un proyecto y enviarlo a las nuevas Cortes, que se constituyen el 23 de diciembre de 2026. Hasta entonces no hay atajo posible: con las Cortes disueltas no puede tramitarse ninguna ley y, tras las elecciones, la Ley 50/1997, del Gobierno, prohíbe al Gobierno en funciones presentar proyectos de ley.
Qué sigue aplicándose aunque no haya ley
El AI Act es un reglamento europeo y se aplica directamente en España. No depende de ninguna ley nacional para obligar:
- Desde el 2 de febrero de 2025: prohibición de las prácticas de IA inaceptables y obligación de alfabetización en IA del personal. Desde el 27 de julio de 2026, con el Ómnibus digital, es una obligación de medios: hay que adoptar medidas, no garantizar un nivel concreto.
- Desde el 2 de agosto de 2025: obligaciones de los modelos de IA de uso general.
- Desde el 2 de agosto de 2026: obligaciones de transparencia del artículo 50 (los sistemas generativos que ya estaban en el mercado tienen hasta el 2 de diciembre de 2026 para marcar su contenido) y capacidad de la Comisión Europea para multar directamente a los proveedores de modelos de uso general.
- Desde el 2 de diciembre de 2027: obligaciones de los sistemas de alto riesgo del Anexo III. El Ómnibus digital sobre IA, publicado en el Diario Oficial de la UE el 24 de julio de 2026, retrasó esa fecha y llevó la de los sistemas del Anexo I al 2 de agosto de 2028. Lo detallo en el artículo sobre el aplazamiento de la ley de IA europea.
Además, el uso de la IA sigue sometido a otras normas que ya tienen supervisor y sanciones en España. La más evidente es el RGPD, que vigila la AEPD, pero también la normativa de consumo y la laboral, que reconoce a la representación de los trabajadores el derecho a conocer los algoritmos que afectan a sus condiciones de trabajo.
Qué queda en el aire
Lo que no existe es la pieza nacional que el AI Act deja a cada Estado:
- Las autoridades, sin designación legal. La AESIA existe desde 2023: el Real Decreto 729/2023 aprobó su estatuto y fijó su sede en A Coruña. Pero el reparto completo de la vigilancia del mercado entre AESIA y los supervisores sectoriales iba en la ley que ha caducado.
- Un régimen sancionador pendiente. El artículo 99 del AI Act obliga a cada Estado a fijar sus sanciones y comunicarlas a la Comisión, como muy tarde, en la fecha de aplicación. En España las infracciones y sanciones necesitan rango de ley, así que, sin esa ley, la capacidad de las autoridades españolas para sancionar incumplimientos del AI Act queda, como mínimo, en entredicho.
- Las reglas para la Administración. Decaen también el inventario de sistemas de IA en los procedimientos administrativos y la figura del delegado de IA que el proyecto preveía para el sector público.
Conviene no confundir esto con impunidad. Las obligaciones siguen vigentes, la Comisión ya puede actuar sobre los modelos de uso general y la AEPD sigue sancionando cuando hay datos personales de por medio, que es casi siempre. Además, un incumplimiento de hoy seguirá siendo un incumplimiento cuando haya supervisor con capacidad de sancionar.
Lo que proponía el proyecto
El texto caducado sirve como referencia de lo que probablemente volverá, aunque el próximo Gobierno puede cambiarlo. Repartía la supervisión por sectores:
- AESIA: prácticas prohibidas y la mayoría de sistemas de alto riesgo, además de punto de contacto único con la Comisión Europea.
- AEPD: sistemas biométricos y prácticas prohibidas ligadas al tratamiento de datos personales.
- Consejo General del Poder Judicial: sistemas de alto riesgo en la administración de justicia.
- Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: evaluación de solvencia, mercados de valores y tarificación de seguros de vida y salud, respectivamente.
En sanciones se alineaba con el AI Act: hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial por usar prácticas prohibidas, hasta 15 millones o el 3 % por las infracciones graves y hasta 500.000 euros o el 0,5 % por las leves. Para banca y seguros el mensaje era claro: el supervisor de sus sistemas de IA más sensibles sería el mismo que ya los supervisa como entidad.
Qué conviene hacer ya
La caducidad del proyecto no cambia lo que recomiendo a mis clientes, porque casi nada de esto depende de la ley española:
- Inventariar los sistemas de IA. Qué sistemas se usan, para qué, con qué datos y quién es responsable. Lo detallo en el inventario de activos de IA.
- Comprobar lo que ya es exigible: prácticas prohibidas, alfabetización y transparencia del artículo 50.
- Clasificar los sistemas por riesgo e identificar los que serán de alto riesgo en diciembre de 2027.
- Preparar la documentación que exige la evaluación de la conformidad de los sistemas de alto riesgo.
- Montar un sistema de gestión que dé soporte a todo lo anterior. ISO 42001 es la referencia natural.
Conclusión: sin ley española, el AI Act sigue en pie
La caducidad de la ley española de inteligencia artificial retrasa la organización de la supervisión, no las obligaciones. Quien use el retraso para aparcar el cumplimiento llegará tarde a diciembre de 2027 y con un historial difícil de justificar ante el supervisor que finalmente se designe. Quien lo use para ordenar su inventario y su gobierno de la IA tendrá ventaja cuando la ley vuelva.
Si quieres preparar tu organización para el AI Act con un plan realista, aunque la ley española se haga esperar, puedo ayudarte a dirigirlo. Hablemos.
Preguntas frecuentes sobre la ley española de inteligencia artificial
No. El proyecto de ley orgánica caducó el 6 de octubre de 2026 con la disolución de las Cortes. El próximo Gobierno tendrá que aprobar un nuevo proyecto y tramitarlo desde el principio.
Sí. Es un reglamento europeo directamente aplicable: las prácticas prohibidas, la alfabetización, los modelos de uso general y la transparencia del artículo 50 ya obligan, y el alto riesgo del Anexo III llega el 2 de diciembre de 2027.
La AESIA existe desde 2023, pero en España las sanciones necesitan rango de ley y el régimen sancionador iba en la ley caducada. Mientras tanto, la AEPD sigue sancionando por el RGPD y la Comisión puede multar a los proveedores de modelos de uso general.
Cuando haya un nuevo Gobierno, que tendrá que aprobar otro proyecto y enviarlo a las Cortes surgidas de las elecciones del 29 de noviembre. Un Gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley.
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